Cierre de Autistici/Inventati, un paso más hacia el totalitarismo digital.

El pasado 26 de agosto, los Departamentos de Estado y del Tesoro de EEUU anunciaban en sus webs la decisión de clasificar al colectivo Autistici/Inventati (A/I) como “organización terrorista global” o SDGT (Specially Designated Global Terrorist).

Como consecuencia, once días después, el 6 de septiembre aunciaron la suspensión de todos sus servicios manifestando que continuar operando podía poner en peligro a sus usuarios, a sus comunidades y a personas próximas a quienes gestionaban la infraestructura.

Creado a principios de los años 2000, A/I nació en el auge del movimiento antiglobalización como una respuesta política al modelo corporativo emergente en la Red. Su línea de pensamiento era principalmente política: la tecnología no es neutral.
Proporcionar infraestructura a grupos sociales, ecologistas y de derechos humanos sin comerciar con sus datos ni someterse al escrutinio del capitalismo de vigilancia era, y sigue siendo ahora más que nunca un acto de resistencia.

Servicios que ofrecían:

• Correo electrónico.
• Alojamiento web.
• Blogs.
• Listas de correo.
• Newsletters.
• Chat y mensajería instantánea.
• Videoconferencias.
• Servicios de anonimato.
• Bases de datos y recursos para sitios web.

¿A quién estaban dirigidos principalmente?:

• Activistas individuales, especialmente vinculados a movimientos sociales.
• Colectivos y organizaciones de base.
• Movimientos anticapitalistas y autónomos.
• Organizaciones antifascistas y antirracistas.
• Colectivos feministas/antisexistas y antimilitaristas.
• Personas y grupos interesados en privacidad, derechos digitales y software libre.
• Proyectos culturales independientes y de autoproducción, especialmente aquellos que rechazaban los modelos comerciales tradicionales.

A/I nació para dar apoyo tecnológico a activistas y colectivos procedentes de movimientos sociales y de base.

La paradoja de la privacidad.

Escuchamos constante e incansablemente que la privacidad es un derecho fundamental. Efectivamente, en las democracias contemporáneas la protección de la vida privada, las comunicaciones y los datos personales está reconocida jurídicamente y en muchos casos constitucionalmente. Sin embargo, existe una contradicción cada vez más evidente entre ese reconocimiento y la realidad en la que vivimos.

En teoría, una persona debería poder decidir qué información comparte, con quién, para qué finalidad y durante cuánto tiempo. En la práctica, casi siempre ocurre exactamente lo contrario: primero se recopilan los datos y después se explica, de manera más o menos transparente, qué se hará con ellos. Se invierte la lógica: la extracción de información se convierte en la norma y el consentimiento en una formalidad posterior.

El modelo extractivo se ha asumido y se integra en actividades aparentemente normales: comprar, desplazarse, comunicarse, entretenerse o navegar por Internet. Esto genera una situación paradójica: participar en la vida social y digital implica producir constantemente información sobre uno mismo.

En este contexto, la privacidad no se entiende como capacidad colectiva para comunicarse sin depender de infraestructuras comerciales o de sistemas de vigilancia.
Esa es la importancia de proyectos que intentan construir herramientas tecnológicas autónomas, como Autistici/Inventati.

Implicaciones para el futuro de la resistencia digital.

Desde mi punto de vista el caso de A/I no implica que la resistencia desaparezca, implica que tendrá que adaptarse.
Ya no es suficiente utilizar tecnologías digitales para difundir un mensaje: también es necesario preguntarse quién controla la infraestructura, quién almacena los datos, quién puede acceder a ellos y qué ocurre cuando una comunidad pierde el control sobre sus propias herramientas.

El futuro de la resistencia digital dependerá, en buena medida, de recuperar esa capacidad de decisión. El software libre, el cifrado, las redes descentralizadas, los servidores comunitarios y otras formas de autonomía tecnológica son las herramientas fundamentales para construir espacios de comunicación menos dependientes de la lógica comercial y de la vigilancia.

Si la privacidad es un derecho, no debería depender exclusivamente de la voluntad de quienes controlan las plataformas. Y si la libertad de expresión necesita espacios donde pueda ejercerse, esos espacios también deben poder ser construidos y gestionados autonoma y colectivamente.

No existe verdadera autonomía digital si no tenemos el control sobre las infraestructuras que hacen posible nuestra comunicación.

La resistencia digital no consiste únicamente en protegerse de la vigilancia, sino también en construir alternativas capaces de reducir nuestra dependencia de quienes vigilan.